Al Gobierno, CONFIEP y Sociedad Nacional de Minería: por la protección de los trabajadores y nuestros pueblos indígenas u originarios

Frente a la noticia de que un funcionario de la empresa minera Cerro Verde ha dado positivo a la prueba de descarte del COVID-19, Fuerza Ciudadana manifiesta lo siguiente:

1. Resulta urgente adoptar las medidas necesarias para la protección de todos los trabajadores de las empresas mineras así como de los distritos rurales y las comunidades campesinas, originarias e indígenas del área de influencia de los proyectos mineros, debido al riesgo que supone la movilidad de personas en zonas de alta vulnerabilidad. Hasta el momento, en nuestro país, la pandemia es un problema básicamente urbano como lo demuestra el 99% de los casos. Por ello, consideramos que el Estado Peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas debe someter la actividad minera a las restricciones previstas en el Decreto Supremo N 044-2020-PCM.

2. La Sociedad Nacional de Minería debe garantizar el acatamiento, por parte de sus agremiados, de las disposiciones de aislamiento social dispuestas por el Gobierno peruano, toda vez que es responsabilidad suya la protección de sus funcionarios, trabajadores, población distrital y comunidades campesinas del ámbito de influencia de sus proyectos.

3. Cualquier intento de priorizar el beneficio privado a costa del interés nacional y de la salud de la ciudadanía en un contexto de pandemia mundial y estado de emergencia, así como la búsqueda de acuerdos y presión por parte de un sector empresarial, expresada por la presidenta de la CONFIEP, merece el rechazo de la ciudadanía en su conjunto. Ello solo refleja la indolencia de la lógica neoliberal frente a un problema social de escala mundial y desconoce la institucionalidad del Estado que busca controlar los efectos de esta crisis sanitaria.

4. Estamos convencidos que el nivel de contagio y de letalidad del coronavirus en China, Europa y EEUU, así como las condiciones de los servicios de salud hacen cada vez más urgente la necesidad de un Plan de Recuperación Integral de Capacidades Urbanas y Rurales desde abril 2020 hasta julio de 2021, financiado desde un fondo con la suspensión temporal solidaria de las obligaciones tributarias; con un Estado sólido, capaz de planificar, ejecutar y evaluar la implementación de sus políticas públicas y de crear puentes de comunicación y de democracia participativa de diversos sectores de la población.

Lima, 28 de marzo de 2020.

Consejo Político de Fuerza Ciudadana


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